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Administración del Ministerio Público

1. Por ley, hay un sistema claro de asignación de casos a los fiscales, el cual toma en cuenta posibles conflictos de interés.

2. En la práctica, el sistema de asignación de casos entre los fiscales es equitativo e imparcial e impide la práctica de asignar casos “a la medida” y otros intentos indebidos de influenciar los procesos judiciales.

3. Por ley, los fiscales tienen derecho a rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

4. En la práctica, los fiscales ejercen el derecho a rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

5. Por ley, hay un sistema definido para asignar las localidades a los fiscales, el cual toma en cuenta los costos económicos relacionados con las barreras geográficas.

6. En la práctica, el criterio de asignación de los fiscales limita de forma efectiva el nombramiento de fiscales en zonas en las que puedan tener afiliaciones, conexiones políticas o conflictos de interés.

7. Por ley, existe un sistema nacional para rastrear y registrar casos y sus respectivos expedientes.

8. En la práctica, los fiscales tienen los recursos (humanos y tecnológicos) necesarios para que el registro de expedientes y el sistema de búsqueda se mantengan al día.

9. Por ley, la contratación de funcionarios de alto nivel del Ministerio Público debe cumplir con determinados estándares profesionales.

10. En la práctica, los estándares de contratación de puestos administrativos son transparentes, claros y aplicados universalmente.

11. En la práctica, los fiscales tienen los recursos necesarios para hacer su trabajo con conocimiento y efectividad (personal, información, tecnología, etc.).

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