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Administración de los Órganos Forenses y de Investigación Criminal

1. Por ley, hay un sistema claro de asignación de casos al personal forense y de investigación criminal, el cual toma en cuenta posibles conflictos de interés y la carga de trabajo de cada funcionario.

2. En la práctica, el sistema de asignación de casos entre el personal forense y de investigación criminal es equitativo e imparcial e impide la práctica de asignar ciertos casos a ciertos funcionarios u otros intentos indebidos de influenciar los procesos judiciales.

3. Por ley, el personal forense y de investigación criminal tiene derecho de rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

4. En la práctica, el personal forense y de investigación criminal ejerce el derecho a rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

5. Por ley, hay un sistema definido para asignar localidades al personal forense y de investigación criminal, el cual toma en cuenta los costos económicos relacionados con las barreras geográficas.

6. En la práctica, el criterio de asignación de personal forense y de investigación criminal limita de forma efectiva nombramientos en zonas en las que tienen conexiones políticas o conflictos de interés.

7. Por ley, existe un sistema nacional para rastrear y registrar casos y sus respectivos expedientes.

8. En la práctica, el Inacif tienen los recursos (humanos y tecnológicos) necesarios para que el registro de expedientes y el sistema de búsqueda se mantengan al día.

9. Por ley, la contratación de funcionarios, incluyendo los de alto nivel, debe cumplir con determinados estándares profesionales.

10. En la práctica, los estándares de contratación de puestos administrativos son transparentes, claros y aplicados universalmente.

11. Por ley, hay regulaciones sobre los regalos y hospitalidad ofrecidos a los altos funcionarios.

12. En la práctica, las regulaciones sobre regalos y hospitalidad ofrecidos a los altos funcionarios son efectivos.

13. Por ley, los altos funcionarios tienen restricciones para incorporarse al sector privado al dejar la función pública.

14. En la práctica, las restricciones para incorporarse al sector privado al dejar el Inacif son efectivas.