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Administración de la Corte

1. Por ley, existe un sistema nacional para rastrear y registrar casos y sus respectivos expedientes.

2. En la práctica, los juzgados tienen los recursos (humanos y tecnológicos) necesarios para que el registro de expedientes y el sistema de búsqueda se mantengan al día.

3. En la práctica, los jueces tienen los recursos necesarios para juzgar con conocimiento y efectividad (personal, información, tecnología, etc.).

4. En la práctica, las decisiones judiciales se ejecutan de forma oportuna.

5. Por ley, hay un sistema claro de asignación de casos a los jueces, el cual toma en cuenta posibles conflictos de interés.

6. En la práctica, el sistema de asignación de casos entre los jueces es equitativo e imparcial e impide la práctica de asignar ciertos casos a ciertos jueces u otros intentos indebidos de influenciar los procesos judiciales.

7. Por ley, los jueces tienen derecho de rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

8. En la práctica, los jueces ejercen el derecho a rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

9. Por ley, hay un sistema definido para asignar las localidades de los juzgados que toma en cuenta los costos económicos relacionados con las barreras geográficas.

10. En la práctica, el criterio de asignación de los jueces a los juzgados limita de forma efectiva el nombramiento de jueces en zonas en las que tienen conexiones políticas o conflictos de interés.