Skip to content

Administración de la Defensa Pública

1. Por ley, hay un sistema claro de asignación de casos a los defensores públicos, el cual toma en cuenta posibles conflictos de interés y la carga de trabajo de cada funcionario.

2. En la práctica, el sistema de asignación de casos entre los defensores públicos es equitativo e imparcial.

3. En la práctica, no se manipula el sistema de asignación para asignar casos “a la medida” u otros intentos de influenciar los procesos.

4. Por ley, los defensores públicos tienen derecho a rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés y carga de trabajo.

5. En la práctica, los defensores públicos ejercen el derecho a rechazar la asignación de casos por razones legítimas, tales como conflicto de interés.

6. Por ley, hay un sistema definido para asignar las localidades a los defensores públicos, el cual toma en cuenta los costos económicos relacionados con las barreras geográficas.

7. En la práctica, el criterio de asignación de los defensores públicos limita de forma efectiva nombramientos en zonas en las que tienen conexiones políticas o conflictos de interés.

8. Por ley, existe un sistema nacional para rastrear y registrar casos y sus respectivos expedientes.

9. En la práctica, los juzgados tienen los recursos (humanos y tecnológicos) necesarios para que el registro de expedientes y el sistema de búsqueda se mantengan al día.

10. Por ley, la contratación de funcionarios -incluyendo los de alto nivel- debe cumplir con determinados estándares profesionales.

11. En la práctica, los estándares de contratación de puestos administrativos son transparentes, claros y aplicados universalmente.

12. En la práctica, los defensores públicos tienen los recursos necesarios para hacer su trabajo con conocimiento y efectividad (personal, información, tecnología, etc.