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Metodología

El estudio se realizó con base en la siguiente metodología.

Procesos y Categorías

Se elaboraron 600 indicadores para cada uno de los cuales se ofrece una medida de calificación de los procesos relacionados con la selección de personas, la administración técnica del trabajo y la capacidad para gestionar recursos de algunas de las instituciones del sistema de justicia en Guatemala.

Los procesos incorporados al mecanismo –para este ejercicio- se dividen en seis grandes áreas, cuyo título y descripción se presenta a continuación:


Conviene mencionar que cualquier proceso está orientado por una serie de componentes o categorías, las cuales agrupan elementos que pueden tipificarse con indicadores asignándoles un valor con arreglo a ciertos criterios.  Por ejemplo, el proceso XYZ puede describirse y clasificarse observando y asignándole valor a: i) la existencia de una normativa (sí -1- o no -0-); y, ii) el desempeño en el cumplimiento de la normativa (bueno -1-, regular -0.5- o malo -0-).

En el caso de los procesos incorporados para el presente ejercicio, las categorías que agrupan a los elementos seleccionados para tipificarse a través de indicadores son los siguientes:

  1. Normas
  2. Implementación y aplicación de normas
  3. Transparencia y acceso a la información
  4. Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios
  5. Administración
  6. Proceso presupuestario

Elementos e Indicadores

Se mencionó en el subtítulo anterior que los elementos pueden ser tipificados por indicadores y éstos pueden ser valorados con arreglo a ciertos criterios.  El arreglo de criterios es un acuerdo de conveniencia, derivado de alguna lógica o característica que se pretende destacar.  En consecuencia la medida e interpretación depende de lo que haya sido acordado.  Esto es sumamente importante para la lectura y derivación de conclusiones cuyo valor de verdad está sujeto al criterio de conveniencia.

En el caso de los procesos incorporados a este ejercicio, el punto de partida es que los elementos no son comunes u homogéneos para los seis procesos.  Esto significa que cada proceso tiene sus propios elementos y sus respectivos indicadores específicos.  Por ejemplo, el proceso de carrera judicial, en la categoría de normas tiene 9 elementos, en tanto que la categoría de normas el proceso de elección de magistrados tiene 16 (véanse las tablas anexas al informe).

Si los elementos no son comunes la lectura del valor de los indicadores -para fines de comparación, por ejemplo- es importante considerar los tres aspectos siguientes de la utilidad del mecanismo:

  1. Pertinente y útil en el conjunto de los elementos de la categoría.
  2. Ligeramente pertinente y menos útil para la comparación de los valores de las categorías aplicados a los procesos.
  3. Impertinente y sin ninguna utilidad para la comparación entre los procesos por la valorización de las categorías.

Criterios Para la Asignación de Valores

Todos los indicadores incluidos tienen el mismo valor, independientemente del tema que pretenden evaluar, es decir que para efectos de este estudio todos los indicadores contienen la misma importancia para medir las normas y el desempeño de las instituciones del sector justicia en Guatemala.

Los valores de los indicadores están asignados mediante dos posibilidades de partición del valor total:

Los indicadores cuyas respuestas son sí o no.  Se trata de indicar la existencia o inexistencia (presencia o no presencia) de una norma legal. En este caso el indicador tiene una escala binaria que equivale a 1, cuando la respuesta es sí y a 0 cuando la respuesta es no.

Los indicadores cuyas respuestas tienen tres posibilidades. Se trata de indicar el desempeño o el cumplimiento de las normas.  Puede entenderse como bueno, regular o malo; mucho, poco o nada En cualquier de las cualificaciones, en términos de números el primero equivale a 1, el segundo a 0.5 y el tercero a 0.

El propósito de asignar valores a los indicadores es obtener una medida que pueda orientar sobre la situación del proceso, derivada de:

  1. La presencia o ausencia de un elemento.  Por ejemplo, la falta de una normativa.
  2. La presencia de un elemento, pero con objeciones relativas o absolutas sobre el desempeño.  Por ejemplo, existe la norma pero su cumplimiento es irregular.

Cálculo de Promedios

El promedio, en el presente caso, es el valor numérico que se le asigna a la sumatoria de los valores de los indicadores.  El significado del promedio es obtener una apreciación de la situación de la categoría, considerando el conjunto de elementos que la componen.

En el cálculo de los promedios de los elementos de las categorías pueden existir tres casos:

  1. Categorías binarias: Con indicadores con valores asignados por la fórmula binaria (1, 0) –en las tablas equivalen a los códigos sí o no-.
  2. Categorías con tres valores: Con indicadores con valores asignados por la fórmula de tres (1, 0.5, 0) –en las tablas equivalen a los códigos 100, 0.50 y 000-
  3. Categorías mixtas: Con un grupo de indicadores medidos por la fórmula binaria y por la fórmula de tres.

En el primer caso (categorías binarias) el valor asignado a la categoría es el promedio simple de la suma de los indicadores con valor de 1, expresado en %.  Asimismo, puede interpretarse como el porcentaje del valor de los indicadores con 1 y el porcentaje de los indicadores con valor 0, cuya suma es 100%.

Ejemplo, la tabla siguiente contiene el resumen de los valores de los indicadores de la categoría Normas del proceso de la Carrera judicial, en ésta todos los indicadores de los elementos que la conforman están expresados en fórmula binaria:

La Sumatoria (S) es el número de indicadores con 1 (primera columna) y 0 (segunda columna).

Los Indicadores en juego (Ij) es el número total de elementos que conforman la categoría.

El Porcentaje (P) es el valor porcentual de los indicadores con 1 (primera columna) y los indicadores con 0 (segunda columna).

Los Puntos en juego (Pj) es el valor mínimo y máximo que puede obtenerse en la sumatoria, es decir si todos los indicadores son “Sí” se obtiene el máximo posible, 00; si todos los indicadores son “No” se obtiene el valor mínimo.

La Ponderación (Pon) es la aplicación de los puntos en juego obtenidos por el valor máximo y el mínimo (suma de indicadores con 1 y suma de indicadores con 0 por el valor máximo de puntos (100) y el valor mínimo de puntos (0).

La Nota (N) es el valor de los indicadores con 1 (primera columna) y con 0 (segunda columna).

El Indicador específico (Ie) es el valor de la Nota de los valores con 1 expresada en %.

En resumen la tabla indica que el número de elementos en la categoría Normas del proceso de carrera judicial:

  • El número de indicadores de la categoría son 12 (Indicadores en juego, en la segunda fila).
  • El número de indicadores con “Sí” son 10 y 2 indicadores con “No” (Las sumatorias de las columnas primera y segunda de la primera fila).
  • Los valores de la primera fila expresados en porcentajes son 83.33… y 16.66… (en tercera fila y primera y segunda columnas respectivamente, cuya suma es 100).
  • El total de puntos (máximos) en juego son 100 o 0, cuyo significado es que la totalidad de los indicadores tienen 1 o que la totalidad de indicadores tienen 0 (la fila cuatro y columnas primera y segunda).
  • Los valores de ponderación es la aplicación de los valores “Sí” y “No”, equivalente a 83.33% y 0% en la tabla (la fila 5 y columnas 1 y 2 respectivamente).
  • Las notas son los promedios de los “Sí” y los “No” (fila sexta y columnas primera y segunda).
  • El indicador específico es 83.33% que equivale al promedio del valor de los “Sí” (la fila séptima).

En el segundo caso, categorías con tres valores, el valor asignado a la categoría es el promedio ponderado de los indicadores con valor de 1 y 0.5, expresado en %.  Asimismo, puede interpretarse como el porcentaje del valor de la suma de los indicadores con 1, más la suma de los indicadores con 0.5 y la suma del porcentaje de los indicadores con valor 0, cuyo total es 100%.

Ejemplo, la tabla siguiente contiene el resumen de los valores de los indicadores de la categoría Implementación y aplicación de normas del proceso de la Carrera judicial, en ésta todos los indicadores de los elementos que la conforman están expresados en fórmula de tres valores posibles:


La descripción de las filas es igual a la descrita en la fórmula binaria.  En este caso, sin embargo, los indicadores de la categoría pueden tomar los valores 0, 0.5 y 1, según el desempeño, conforme a la explicación siguiente:

  • En la segunda fila, el número de indicadores de la categoría son 13.
  • El número de indicadores con 0 son 5, con 0.50 son 3 y con 100 son 5 (Las sumatorias de las columnas primera, segunda y tercera de la primera fila).
  • En la tercera fila, los porcentajes obtenidos según el número de casos en cada posibilidad (primera, segunda y tercera columnas respectivamente), cuya suma es 100%.
  • En la cuarta fila, el total de puntos mínimo, intermedio y máximo en juego según la ubicación de los indicadores es el valor de la referencia para la ponderación, así: si todos son valorados con 0 tiene el valor mínimo (todas las respuestas con valor 0, columna 1); si todos los indicadores son valorados con 0.50 tiene el valor intermedio (50 en la segunda); si todos los indicadores son valorados con 1 tiene el valor máximo de (100 en la columna tercera de la fila 4).
  • En la fila cinco, El resultado de la aplicación de los valores de ponderación a los resultados obtenidos, en la tabla los valores 0, 11.53… y 38.46… (primera, segunda y tercera columnas respectivamente).
  • La nota es la suma de los valores de la fila cuarta, equivale a 50 en la tabla (la fila 6 única columna).
  • Finalmente en la columna siete el valor del indicador específico equivalente a 50.

En el tercer caso, las categorías mixtas, combina grupos de indicadores con fórmula binaria y con tres posibles valores.

Ejemplo, la tabla siguiente contiene el resumen de los valores de los indicadores de la categoría Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios del proceso de la Carrera judicial, en ésta se combinan 18 indicadores de fórmula binaria y 21 indicadores de fórmula con tres valores posibles:


La lógica de aplicación de los valores es la misma hasta la Nota (fila 6), según las descripciones para cada fórmula de valoración de indicadores.  El Indicador específico (fila 7) se diferencia en que no se aplica ninguna ponderación, el resultado es el promedio simple de las dos notas (A + B / 2).

Alcances y Limitaciones

El mecanismo presentado en este documento es un ensayo preliminar en la búsqueda de ilustrar con valores numéricos, obtenidos mediante la lógica descrita, de la situación de mecanismos de transparencia de algunos de los procesos del sistema de justicia.

La lectura del valor de los indicadores, por tanto, no basta en sí misma para la comprensión de los procesos.  Es decir que la comprensión de los procesos estudiados y los alcances de sus aspectos cuantitativos, ofrecidos por este mecanismo, debe contextualizarse y relativizarse con la revisión de los datos cualitativos, compuestos por los elementos tipificados en las categorías.

Además, es importante considerar en la lectura que el mecanismo no puede obtener una segunda derivación.  Por ejemplo para constituir un índice de desempeño institucional, pues para ello es necesario homogenizar los elementos, entre las instituciones, y posteriormente normalizar los valores con que se tipifiquen.

En resumen, es importante recalcar que el valor cuantitativo de los indicadores es un dato de referencia, valedero solamente para los procesos categorizados en la aplicación de este ejercicio.

b

Aplicación de la Metodología

1.Carrera judicial

La carrera judicial se refiere al proceso institucional del Organismo Judicial que se encarga del nombramiento y remoción de los jueces de los tribunales de justicia.

Para la posterior lectura de los resultados, es importante considerar lo siguiente:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en la Constitución Política, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley del Servicio Civil, en torno a los nombramientos de los jueces.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno al cumplimiento de la normativa de la Ley de la Carrera Judicial, según informes de labores del Organismo Judicial, estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.  Los elementos se refieren a nombramientos, retribuciones salariales, el desempeño de los jueces, así de la contratación de personas para ocupar los puestos administrativos y de apoyo a la gestión de los jueces.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley de Acceso a la Información.  Asimismo, en la aplicación de las normas que se relacionan con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes de los jueces, las plazas vacantes, los nombramientos, considerando informes independientes y opiniones de expertos.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Normas éticas del Organismo Judicial de la República de Guatemala (NEOJ) y la Ley y Reglamento de la Carrera Judicial.  Asimismo, en la aplicación de las normas sobre la declaración de los bienes de los jueces en forma periódica, el monitoreo de los bienes adquiridos por los jueces, la existencia y aplicación de sanciones por faltas a la ética, el ejercicio de la práctica privada a la terminación del período de ejercicio del puesto de juez, la existencia y aplicación de procesos de sanciones a los jueces.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Administración: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en la Ley del Organismo Judicial, relacionados con el control administrativo de los procesos judiciales de los tribunales de justicia.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas en la búsqueda de información sobre los casos juzgados, la utilización de tecnología para tal finalidad, el cumplimiento de los plazos y tiempos establecidos en la ley para las resoluciones judiciales, la distribución del trabajo entre los tribunales.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Proceso presupuestario: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en la Constitución Política, la Ley del Organismo Judicial y la Ley Orgánica del Presupuesto en torno a la definición y gestión del presupuesto del Organismo Judicial.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas a la planificación, programación, registro y control del presupuesto.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las seis categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

La carrera judicial tiene una serie de normas relativas a la contratación de los jueces y demás funcionarios de los tribunales, así como con la evaluación del desempeño por parte de entidades independientes. Sin embargo, algunos aspectos como normas para la remoción de jueces o aplicación de medidas de sanción son débiles e insuficientes.  Por ese motivo el indicador se ubica en 83.33%.

La implementación de normas se refiere a la aplicación de la normativa referente a la contratación, remoción, traslado y evaluación de jueces, y el indicador se ubica en el 50%, muy inferior al valor de referencia –idóneo según la metodología- del subsistema de carrera judicial.  Algunos ejemplos: “Hay jueces que llevan muchos años trabajando en un mismo juzgado, pero también ha ocurrido que hay algún tipo de vínculo o relación entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los jueces que asignan”[1], según declaraciones de una analista al preguntarle sobre la estabilidad en los puestos de trabajo por méritos. Las evaluaciones del desempeño de los jueces han sido por selección de muestra y no individualizadas; las medidas de protección a los jueces son de muy limitada cobertura; y en la contratación de los recursos humanos de apoyo no existen suficiente claridad en los procedimientos, todo lo cual dificulta la evaluación de la asignación del puesto y la evaluación del desempeño.

El porcentaje de transparencia en cuanto a acceso a la información es sumamente bajo.  Apenas 7.76%, según el resultado obtenido.  El bajo porcentaje se debe a la normativa de confidencialidad que existe para la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, razón por la cual la ciudadanía no puede acceder a este tipo de información, además de que los controles implementados por la Contraloría General de Cuentas son insuficientes para detectar delitos relacionados con corrupción. Por otro lado, la ciudadanía no tiene acceso a las evaluaciones del desempeño de los jueces. Sí es posible obtener, aunque con alguna dificultad y demora, información sobre los registros de casos.  La publicidad del presupuesto sí es accesible, pues el manejo presupuestario es publicado periódicamente.

El resultado sobre rendición de cuentas fue 43.33%, con la declaración de bienes como el mecanismo principal de control. La ley norma que los jueces deben presentar declaraciones de bienes, empero, no existen regulaciones o mecanismos para ejercer la vigilancia durante el cargo, tales como auditorías externas o mecanismos de verificación por parte de la Contraloría General de Cuentas. También conviene mencionar que si bien existe un código de ética, el mismo no tiene carácter normativo completo, pues no existen sanciones; además, los jueces desconocen el contenido del mismo.  Esto incide para que, a pesar de que existen regulaciones sobre la aceptación de regalos, no existan mecanismos de control, por ejemplo, en torno a la valoración de los regalos.  De la misma manera, no se ejecuta ninguna vigilancia cuando el funcionario público deja el puesto para dedicarse a la práctica privada.

La administración del Organismo Judicial registra un valor de 37.5% con base en los indicadores considerados.  La gran dificultad de administrar o distribuir la carga de trabajo es que no existen las normas para organizar un sistema apropiado.  Esto dificulta la visibilización de los procedimientos, por ejemplo, para indagar sobre la existencia de conflictos de interés en el juzgamiento.

Finalmente, el proceso presupuestario del Organismo Judicial es bastante autónomo con respecto a las posibilidades de intervención de otros organismos del Estado.  Esto se refleja en el puntaje alto del valor de los indicadores, pero se observan dificultades en la distribución territorial o por juzgados, debido a la centralización del proceso presupuestario en la administración central del Organismo Judicial.

2.Carrera de Magistrado

La carrera de magistrado se refiere a los procesos institucionales que se encargan del nombramiento y remoción de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas o cualquier otro tribunal colegiado del Organismo Judicial.

En la posterior interpretación de los resultados, es importante considerar lo siguiente:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en la Constitución Política, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley del Servicio Civil, en torno a destitución de los magistrados de la Corte Suprema y las salas de apelaciones.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno al cumplimiento de la normativa de la Ley de la Carrera Judicial, según informes de labores del Organismo Judicial, estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.  Los elementos se refieren a nombramientos, retribuciones salariales, desempeño, capacidad de tomar decisiones sobre participación de los magistrados en los procesos.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley de Acceso a la Información.  Asimismo, en la aplicación de las normas en lo que se relaciona con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes de los magistrados, los nombramientos y el manejo de la información sobre la gestión de los procesos judiciales. La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Normas éticas del Organismo Judicial de la República de Guatemala (NEOJ) y la Ley y Reglamento de la Carrera Judicial.  Asimismo, en la aplicación de las normas sobre la declaración de los bienes de los magistrados, el monitoreo de los bienes adquiridos por los magistrados, la existencia y aplicación de sanciones por faltas a la ética, el ejercicio de la práctica privada a la terminación del período de ejercicio del puesto de juez, la existencia y aplicación de procesos de sanciones a los jueces.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las cuatro categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

La carrera de magistrado tiene una serie de normas relativas a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, así como con la evaluación del desempeño por entidades independientes.  Sin embargo, en algunos aspectos no hay regulación y en otros la regulación existente tiene un carácter limitado para la evaluación técnica o ningún carácter de vínculo para la remoción.  Por ese motivo el indicador se ubica en 50.0%.

La implementación de normas en la carrera de magistrados es deficitaria.  El indicador se ubica en 31.25%. Este indicador está muy vinculado a la inoperancia de la evaluación del desempeño, según la normativa vigente.  Entonces: “Las evaluaciones de desempeño se hacen únicamente para jueces, no así para magistrados. De lo anterior se deduce la falta de cumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial.”[2]

El porcentaje de transparencia en la carrera de magistrado es sumamente bajo, de  apenas 3.13%, según el resultado obtenido.  El bajo porcentaje se debe a la normativa de confidencialidad que existe para la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados, razón por la cual la ciudadanía no puede acceder a este tipo de información.

El porcentaje de rendición de cuentas tiene un valor de 25%, el mecanismo principal de control es la declaración patrimonial de los magistrados.  Pero no existe un sistema de monitoreo de la acumulación de bienes durante el ejercicio de la función.  También conviene mencionar que si bien existe un código de ética, el mismo no tiene carácter normativo completo, pues no existe suficiente explicitación del régimen de sanciones.  Esto incide para que, a pesar de que existen regulaciones sobre la aceptación de regalos, no existan mecanismos de control, por ejemplo, en torno a la valoración de los mismos.  De la misma manera, no se realiza ninguna vigilancia cuando el funcionario deja el puesto para dedicarse a la práctica privada.

3.Elección de Magistrados

La elección de magistrados se refiere a los procesos institucionales que se encargan de la postulación para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas.

En la posterior lectura de los resultados es importante que se consideren las siguientes observaciones:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en la Ley de Comisiones de Postulación, en torno a la postulación para la elección de los magistrados de la Corte Suprema y las salas.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno al cumplimiento de la normativa de la Ley de Comisiones de Postulación, para la evaluación de las personas que se postulen para la elección de magistrados.  La información proviene de informes oficiales, estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de las Comisiones de Postulación.  Asimismo, en la aplicación de las normas que se relacionan con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a la información que se emana de los procedimientos de calificación de los aspirantes a magistrados.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Comisiones de Postulación.  Asimismo, en la aplicación de las normas en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos (aceptación o inhibición) de las personas que conforman las comisiones de postulación, así como de los diputados del Congreso de la República en el momento de elegir entre la nómina presentada por las Comisiones de Postulación.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las cuatro categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

La elección de los magistrados, en la normativa, tiene una serie de falencias relacionadas con la verificación de la información para calificar a las personas postuladas.  Por ejemplo, no están reguladas: las fórmulas de asignación de puntajes, el tiempo para rendir los informes, los puntajes mínimos para rechazar candidaturas, prohibiciones para el cabildeo a favor de los postulados, y prohibiciones para conformar las comisiones de postulaciones a quienes son miembros de partidos políticos.  Debido a la falta de regulaciones el indicador tiene un valor de 25%.

La implementación de normas en el proceso de elección de magistrados por las comisiones de postulación obtiene un valor de 10%.  Los procedimientos de evaluación tienen un impacto muy reducido en la elección de los magistrados.  Ejemplos: a) “Los criterios y ponderaciones para evaluación de curriculum vitae de los aspirantes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como para candidatos a magistrados de las Corte de Apelaciones, no fueron uniformes, en virtud que los integrantes de ambas Comisiones de Postulación dieron valores diferentes a los méritos académicos, profesionales y de proyección humana. Asimismo se debió otorgar mayor puntuación a los méritos académicos y profesionales, tanto en el sector justicia como en el ejercicio de la abogacía, porque la experiencia y los conocimientos adquiridos, son fundamentales para cualquier aspirante a magistrado”.[3] b) “Existen criterios de evaluación definidos por todos los comisionados, pero la revisión y evaluación de los expedientes es realizado por ternas, por lo que aplican criterios subjetivos y realizan arbitrariamente la evaluación”.[4]

La transparencia y acceso a la información en la competencia de los aspectos que, en el proceso de elección, le corresponde a la comisión de postulación, tiene una nota alta, 81.25% del valor de los indicadores.  La nota alta se debe a que, no obstante, la insuficiencia de normas y la aplicación de las existentes, los actos de la comisión son públicos y se documentan en actas a las que pueden acceder los ciudadanos. El mayor logro en cuanto al acceso a la información en el proceso elección se debe a la entrada en vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación y al compromiso de la sociedad civil por monitorear y hacer visibles estos procesos.

La rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios en la elección de magistrados es sumamente baja, el 12.5% del valor de los indicadores.  Esta nota se debe básicamente a las falencias en la elección por parte de los diputados del Congreso de la República y, por tanto, de la limitada vinculación de la calificación de las comisiones de postulación con la decisión del elector (el diputado).  Ejemplos: No hay mecanismos de recusación del voto cuando existen riesgos de conflictos de interés evidenciados en la información recopilada por las comisiones de postulación; las audiencias en el Congreso para las personas postuladas son de corto tiempo; y no existen un régimen de sanciones por actuaciones anómalas de los miembros de las comisiones de postulación.

4.Carrera Fiscal

La carrera judicial se refiere al proceso institucional del Ministerio Público que se encarga del nombramiento y remoción de los fiscales.

En la posterior lectura de los resultados es importante considerar lo siguiente:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en torno a los nombramientos de los fiscales.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno al cumplimiento de la normativa de la Ley Orgánica del Ministerio Público, según informes oficiales, estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.  Los elementos se refieren a nombramientos, retribuciones salariales y el desempeño de los fiscales.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.  Asimismo, en la aplicación de las normas que se relacionan con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes de los fiscales, las plazas vacantes, los nombramientos, considerando informes independientes y opiniones de expertos.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.  Asimismo, en la aplicación de las normas sobre la declaración de los bienes de los fiscales en forma periódica, el monitoreo de los bienes adquiridos por los fiscales, la existencia y aplicación de sanciones por faltas a la ética, el ejercicio de la práctica privada a la terminación del período de ejercicio del puesto de fiscal, la existencia y aplicación de procesos de sanciones a los fiscales.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Administración: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en la Ley del Ministerio Público, relacionados con el control administrativo de los procesos de investigación asignados a los fiscales.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas en lo referente a la búsqueda de información sobre los casos en que intervienen los fiscales, el cumplimiento de los plazos y tiempos establecidos en la ley para las actuaciones, la distribución del trabajo entre los fiscales.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Proceso presupuestario: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Presupuesto.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas a la planificación, programación, registro y control del presupuesto.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las seis categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

La carrera fiscal tiene una serie de normas relativas a la contratación de los fiscales, pero carece de normativa para incorporar procedimientos técnicos en la evaluación del desempeño.  Esto significa que no existe un balance de normas entre la entrada del personal al sistema y la vigilancia del desempeño, razón por la cual el indicador tiene un valor de 55.56%.

Ante la ausencia de normas que vigilen el desempeño, las tareas de monitoreo y evaluación son complicadas y en los procedimientos priva el subjetivismo.  Así: “Impera la subjetividad por parte de quienes tienen a su cargo la medición del desempeño de los fiscales”[5].  En el año 2009 fue creada la unidad encargada del monitoreo y evaluación de los jueces, sin embargo los resultados aún no pueden evidenciarse.  Esto determina que los indicadores arrojen un valor 34.62% en la implementación de las normas.

El porcentaje de transparencia en cuanto al acceso a la información es bajo, según el cálculo alcanza el 25%.  El bajo porcentaje se debe a la normativa de confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los fiscales, razón por la cual la ciudadanía no puede acceder a este tipo de información.  Una situación similar ocurre, con el conocimiento de las evaluaciones del desempeño, estas o son inexistentes o la ciudadanía no puede tener fácil acceso a ellas. Por otro lado, lo que sí puede ser consultado son los requisitos de entrada exigidos a los aspirantes a fiscales, y la publicidad del presupuesto es accesible.

El porcentaje de rendición de cuentas tiene un valor de 47.5% y el mecanismo principal de control de este indicador es la declaración de bienes de los fiscales.  La ley norma que los fiscales presenten declaraciones de bienes durante el ejercicio del puesto.  Empero, en la práctica el requisito se cumple en el ingreso, pero e no suele cumplirse durante el ejercicio de la función de fiscal.  Así, la vigilancia durante el cargo es difícil de ejercer, salvo en el momento de denuncias.  También existe un código de ética, pero no tiene régimen disciplinario.  Esto incide para que, a pesar de que existen regulaciones sobre la aceptación de regalos, no existen mecanismos de control, por ejemplo, en torno a la valoración de los mismos. De la misma manera, no  no se realiza ninguna  vigilancia cuando el funcionario deja el puesto para dedicarse a la práctica privada.

La administración del Ministerio Público registra un valor de 36.6% de los indicadores considerados para la medición.  La gran dificultad de administrar o distribuir la carga de trabajo es que no existen normas para organizar un sistema.  Esto dificulta la visibilización de los procedimientos, por ejemplo, para indagar sobre la existencia de conflictos de interés en la investigación.  Asimismo, tienen complicaciones en la coordinación, con otras instancias, para la gestión oportuna de la prueba.  Por ejemplo: “Los fiscales tienen acceso al registro de los expedientes y seguimiento de los casos, en el cual pueden familiarizarse con ellos. Asimismo, cuentan con personal y tecnología suficiente para hacer el dictamen jurídico, pero en ocasiones cuando deben de apoyarse en otras instituciones como el Inacif para diligenciamientos de pruebas se demora el procedimiento”.[6]

Finalmente, el proceso presupuestario del Ministerio Público es bastante autónomo, con respecto a las posibilidades de intervención de otros organismos del Estado.  Esto se refleja en el puntaje alto del valor de los indicadores, calculado en 92.85%.

5.Fiscal General

El Fiscal general refiere a los procesos institucionales que se encargan del nombramiento y remoción de la persona que ocupa el cargo de Fiscal General de la Nación.  El Fiscal General es a la vez Jefe del Ministerio Público.

Para la interpretación de los resultados, es importante considerar lo siguiente:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Postulaciones, así como de las prácticas de evaluación del desempeño del Fiscal.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno a la aplicación de criterios para el nombramiento del Fiscal General, según estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.  Los elementos se refieren a las nominaciones y el nombramiento del Fiscal General.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de Acceso a la Información Pública.  Asimismo, en la aplicación de las normas en lo que se relaciona con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes del fiscal, los procesos de postulación de aspirantes a fiscal, el nombramiento del fiscal.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley Orgánica del Ministerio Público.  Asimismo, en la aplicación de las normas sobre la declaración de los bienes del fiscal, el monitoreo de los bienes adquiridos por el fiscal, la existencia y aplicación de sanciones por faltas a la ética, el ejercicio de la práctica privada a la terminación del período de ejercicio del puesto de fiscal, la existencia y aplicación de procesos de sanciones a los fiscales.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las cuatro categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

El proceso de fiscal general posee una serie de normas relativas a la elección del Fiscal General de la Nación y la designación final que realiza el Presidente de la República.  La nota de los indicadores de las normas tiene un valor de 38.89%.  Este valor se explica porque existe normativa para la calificación de aspirantes por las comisiones de postulación, pero no existe normativa que obligue a la presidencia a entregar información sobre su decisión de escogencia.

Los indicadores de la implementación de normas en la carrera fiscal tienen un valor de 50%.  Este indicador está muy vinculado a la falta de aplicación de criterios normativos para la calificación de aspirantes a fiscal y la dificultad para su remoción porque es una decisión presidencial.  Ejemplo de esto es que, en el año 2010, la sociedad civil actuará legalmente contra la comisión de postulación. En mayo del mismo año, la Corte de Constitucionalidad ordenó elegir una nueva nómina de seis candidatos entre los 29 aspirantes a fiscal general, y de quienes tendrían que discutir a viva voz la honorabilidad de cada uno de ellos. Sin embargo, la Comisión seleccionó a la misma nómina, aunque repitió el procedimiento.[7]

El porcentaje de transparencia en cuanto al acceso a la información tiene un porcentaje de 45.83%.  Los indicadores tienen dos elementos importantes.  El desfavorable se refiere a la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales del Fiscal, que de conformidad con la ley es confidencial. Esto no permite una fiscalización por parte de la ciudadanía y debido a este elemento el indicador de transparencia obtuvo una calificación baja.  El favorable se refiere a la publicidad de las acciones de las comisiones de postulación, el cual, de la misma manera que con los magistrados, es pública y la ciudadanía puede acceder a la información sobre las postulaciones.

El porcentaje de rendición de cuentas tiene un valor de 40.63%, el mecanismo principal de control es la declaración de bienes de los fiscales.  La ley norma que el Fiscal General presente declaraciones de bienes durante el ejercicio del puesto y aunque la investigación señala que hay cumplimiento de la norma, no existen mecanismos de verificación del contenido de la declaración.  También existe un código de ética, pero no tiene régimen disciplinario.  Esto incide para que, a pesar de que existen regulaciones sobre la aceptación de regalos, no existen mecanismos de control por ejemplo, en torno a la valoración de los mismos.  Situación similar a que no es posible la vigilancia cuando el funcionario deja el puesto, para dedicarse al ejercicio en la práctica privada.  La mayor complicación es la aplicación de sanciones, pues no existen normas y procedimientos para facilitar la información sobre el ejercicio de la función, por tanto, la investigación, de actos es una tarea complicada.

5.Carrera Forense y de Investigación Criminal

La carrera forense en investigación criminal se refiere al proceso institucional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, que se encarga del nombramiento y remoción del personal encargado de la investigación en las disciplinas forenses.

En la lectura de los resultados, es importante considerar lo siguiente:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en la Ley Orgánica y el Régimen Disciplinario del Inacif, en torno a los nombramientos y ocupación de puestos de este instituto.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno al cumplimiento de la normativa de la Ley Orgánica y el Régimen Disciplinario del Inacif, estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.  Los elementos se refieren a nombramientos, el desempeño, la confidencialidad, entre otros relacionados con la protección de la información forense.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.  Asimismo, en la aplicación de las normas que se relacionan con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes del personal del Inacif, y las plazas vacantes, los nombramientos, el presupuesto.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley Orgánica y el Régimen Disciplinario del Inacif y la Ley de Acceso a la Información.  Asimismo, en la aplicación de las normas sobre la declaración de los bienes del personal, el monitoreo de los bienes adquiridos por el personal, la existencia y aplicación de sanciones por faltas a la ética, la existencia y aplicación de procesos de sanciones, y la protección a los investigadores.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Administración: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en disposiciones del Inacif.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas en la búsqueda de información, la utilización de tecnología para tal finalidad, el cumplimiento de los plazos y tiempos establecidos en la ley para la entrega de informes, la distribución del trabajo.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Proceso presupuestario: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en la Ley Orgánica y el Régimen Disciplinario del Inacif y la Ley Orgánica del Presupuesto en torno a la definición y gestión del presupuesto del Inacif.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas a la planificación, programación, registro y control del presupuesto.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las seis categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

El proceso de la carrera forense tiene una serie de normas relativas a la contratación de los investigadores del Inacif, pero carece de normativa para incorporar procedimientos técnicos en la evaluación del desempeño.  Esto significa que no existe un balance de normas entre la entrada al sistema y la vigilancia del desempeño de los investigadores.  Es importante mencionar, asimismo, que la ley establece que los peritajes son independientes; sin embargo, no existen normas para regular los procedimientos para que la norma opere.  Por las anteriores razones el valor de los indicadores de las normas se estableció en 46.15%.

Ante la ausencia de normas orientadas a  vigilar el desempeño, las tareas de monitoreo y evaluación no son realizadas ni existe un órgano destinado para llevarlas a cabo. Además, el Inacif no cuenta con los recursos necesarios para el desempeño de sus labores. Esto determina que los indicadores arrojen un valor 41.95% en la implementación de las normas.

El porcentaje de transparencia es sumamente bajo, según el cálculo alcanza el 15%.  El bajo porcentaje se debe a la confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, así como la no publicidad de los nombramientos, códigos de conducta y criterios para remoción o destitución del personal.  La calificación positiva de la transparencia, básicamente, está enfocada al cumplimiento de las normas de publicidad sobre los concursos para optar a los puestos de trabajo en la institución y del presupuesto institucional.

El porcentaje de rendición de cuentas [h4] tiene un valor de 41.95%, el mecanismo principal de control es la declaración de bienes del personal, así como el ejercicio de garantías procesales para las personas que ejercen como investigadores.  Como ya se indicó en el párrafo anterior la confidencialidad de declaraciones de bienes y el escaso control sobre las declaraciones presentadas; además, no existe un código de ética. Sin embargo, si existen y aplican normas para la el ejercicio de la labor, expresadas en procedimientos administrativos para la asignación, denuncia y sanción en los procesos de investigación, así como de resolución de demandas judiciales contra el personal.

La administración del Inacif registra un valor de 50% de los indicadores considerados para la medición.  La dificultad de administrar o distribuir la carga de trabajo es que no existen normas para organizar un sistema.  Esto dificulta la visibilización de los procedimientos, por ejemplo para indagar sobre la existencia de conflictos de interés en la investigación.  Además, existen dudas sobre la idoneidad del personal.  Por ejemplo: “Los estándares de contratación suelen pero no siempre se definen en estricto apego a lo ordenado por la ley, son de conocimiento público, se aplican rigurosamente en todas las contrataciones o garantizan el trato equitativo a todos los candidatos.”[8]

El proceso presupuestario del Inacif es bastante autónomo, con respecto de las posibilidades de intervención de otros organismos del Estado; sin embargo, tiene dificultades para la gestión de las aprobaciones presupuestarias, con base en los criterios técnicos que sustentan sus estimaciones. El presupuesto es distribuido conforme a la recaudación fiscal, por lo que generalmente el Gobierno realiza modificaciones que respondan a sus prioridades de gastos. En el año 2009 el presupuesto del Inacif fue reducido en un 18%.[9] El puntaje del valor de los indicadores calculado equivale a 81.75%.

6.Defensa Pública Penal

La defensa pública se refiere al proceso institucional del Instituto Nacional de la Defensa Pública (INDP), que se encarga del nombramiento y remoción del personal encargado del ejercicio de la defensa pública penal.

En la lectura de los resultados es importante considerar lo siguiente:

Normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la normativa contenida en la Ley del Servicio Público de la Defensa Penal y el Régimen Disciplinario de la Dirección General, en torno a los nombramientos y ocupación de puestos de este instituto.

Implementación y aplicación de normas: Los elementos de esta categoría se derivaron de la información obtenida en torno al cumplimiento de la normativa de la Ley del Servicio Público de la Defensa Penal y el Régimen Disciplinario de la Dirección General, estudios realizados por entidades independientes y opinión de expertos.  Los elementos se refieren a nombramientos, el desempeño, entre otros aspectos relacionados con el ejercicio de puestos en la defensa pública.

Transparencia y acceso a la información: Los elementos de esta categoría se derivaron de la existencia de normas (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.  Asimismo, en la aplicación de las normas que se relacionan con la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes del personal, las plazas vacantes, los nombramientos, el presupuesto, considerando informes independientes y opiniones de expertos.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Rendición de cuentas y mecanismos disciplinarios: Los elementos de esta categoría se derivaron de las normas existentes (y sus contenidos) en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, el Código de Ética del Defensor Público, el Reglamento Interno y Disciplinario del Instituto de y la Ley de Acceso a la Información.  Asimismo, en la aplicación de las normas sobre la declaración de los bienes del personal, el monitoreo de los bienes adquiridos por el personal, la existencia y aplicación de sanciones por faltas a la ética, la existencia y aplicación de procesos de sanciones a los jueces, la protección a los defensores.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Administración: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en disposiciones del Instituto de la Defensa Penal.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas en la búsqueda de información, la utilización de tecnología para tal finalidad, el cumplimiento de los plazos y tiempos establecidos en la ley para la entrega de informes, la distribución del trabajo.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

Proceso presupuestario: Los elementos de esta categoría se derivaron de normas existentes (y sus contenidos) en la Ley del Servicio Público Penal y la Ley Orgánica del Presupuesto en torno a la definición y gestión del presupuesto de la Defensa Pública.  Asimismo, en la aplicación de las normas indicadas a la planificación, programación, registro y control del presupuesto.  La información sobre la aplicación de las normas se obtuvo de informes oficiales, independientes y opiniones de expertos.

El mecanismo de medición de indicadores se aplicó en las seis categorías descritas, con las características del cálculo de los valores y los resultados que se ilustran en el gráfico siguiente:

El proceso de entrada al INDP carece de normas que reduzcan la influencia de la dirección en la contratación del personal.  Tampoco tiene una normativa para incorporar procedimientos técnicos en la evaluación del desempeño y por tanto para separar defensores de oficio.  Es importante mencionar, asimismo, que la designación o nombramiento de la persona que ocupe el puesto de dirección es altamente sensible a las decisiones políticas.[10] Por las anteriores razones el valor de los indicadores de las normas se estableció en 16.67%.

La implementación de las normas –limitadas según el indicador presentado en el párrafo anterior- es sumamente reducida y tiene un campo de acción definido en la separación del cargo.  Asimismo, en la protección de los defensores de oficio el valor del indicador calculado en esta categoría para el INDP es de 31.82%.

El porcentaje de transparencia es sumamente bajo:Según el cálculo alcanza el 18.75%.  El bajo porcentaje se debe a que la ley no obliga a la publicidad de las declaraciones patrimoniales del personal del INDP, por tanto es sumamente complejo para la ciudadanía obtener datos sobre los bienes y ejercer vigilancia.  La calificación positiva de los indicadores de transparencia, básicamente, está enfocada al cumplimiento de las normas de publicidad de: los concursos para optar a los puestos de trabajo en la institución y del presupuesto de la institución.

El porcentaje de rendición de cuentas tiene un valor de 33.33%, el mecanismo principal de control es la declaración patrimonial del personal, así como el ejercicio de garantías procesales para las personas que ejercen como defensores de oficio.  La declaración patrimonial, no obstante que se cumple con la presentación, esta contiene poca información y no es verificada.  Así: [11]se debe de presentar la declaración de bienes ante la Contraloría General de Cuentas, pero no hay ninguna persona o unidad dentro de la Defensa que verifique si se han presentado las declaraciones todos los años”.  Sin embargo, si existen y aplican normas para el ejercicio de la labor, expresadas en procedimientos administrativos para la asignación, denuncia y sanción en los procesos de investigación, así como de resolución de demandas judiciales contra los defensores de oficio.

La administración del INDP registra un valor de 27.86% de los indicadores considerados para la medición.  La dificultad de administrar o distribuir la carga de trabajo es que no existen normas para organizar un sistema.  Esto dificulta la visibilización de los procedimientos, por ejemplo para indagar sobre la existencia de conflictos de interés en la defensa pública.  Por ejemplo: “No existe ninguna persona o unidad dentro de la Defensa Pública que verifique en qué casos hay conflicto de interés y depende de la ética de cada defensor público. Se han dado varios casos de rechazo (por el propio defensor designado).”[12]

El proceso presupuestario del INDP no tiene normas claras con respecto de su autonomía.  En la práctica, sin embargo, el INDP lo formula con arreglo a su plan operativo y el anteproyecto que, previa a la aprobación, conoce, el Ministerio de Finanzas Públicas.  Por lo expuesto, el puntaje del valor de los indicadores calculado equivale a 60.71%.[13]


[1] Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia.

[2] Entrevista con Yuri David Bucaro, Secretario del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial.

[3] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Pág. 70.

[4] Entrevista con Carmen Aída Ibarra, Directora del Movimiento Pro Justicia.

[5] Desafíos Actuales de la Justicia Penal (2009). Asociación de investigación y Estudios Sociales (ASIES).  Página 171.

[6] Opinión de Omar Augusto Contreras, Fiscal de la Fiscalía de Sección contra la Corrupción.

[7] Nota de Prensa Libre (11 de junio, 2010) sobre la anulación de la elección del Fiscal General Conrado Reyes.

[8] Opinión de Alejandro Sánchez Garrido, Jefe del Área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

[9] Prensa Libre. 16 de septiembre, 2009.

[10] Periódico Prensa Libre (23 de julio, 2009). “Anomalías en calificación de candidatos para IDPP. La evaluación y calificación de los aspirantes para dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) presenta irregularidades. En una reunión en el Congreso trascendió que hay resultados que beneficiaron a candidatos, la actual directora y dos trabajadores de esa institución. (…) Sin igualdad. La benevolencia con Stalling (apellido de la persona electa para un período adicional para ejercer el cargo de dirección del INDP) de parte de la Comisión Postuladora no fue igual hacia todos los aspirantes. Mario Sarceño, quien obtuvo 50 puntos, tenía 0 en el rubro en que la funcionaria obtuvo cinco puntos, pese a que también tiene cerrado el pénsum en la maestría en Derecho Penal”.

[11] Entrevista con Adriana Estévez, Directora Administrativa Financiera del INDP.

[12] Entrevista con Luis Alberto Bran, Auxiliar de Asignaciones del INDP.

[13] Entrevista con Adriana Estévez, directora administrativa-financiera del INDP.

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