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May 20 / admin

Resultados del Estudio Fueron Presentados ante Funcionarios Judiciales y la Sociedad Civil

Acción Ciudadana y Global Integrity dieron a conocer el pasado cinco de mayo los resultados del estudio Indicadores de Transparencia en el Sector Justicia de Guatemala ante más de 80 invitados, entre ellos representantes de las instituciones judiciales, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y otros.

Un total de 600 indicadores se enfocaron en determinar el grado de transparencia de los  procesos en instituciones judiciales clave como la Corte, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Los resultados muestran que se requieren normas más efectivas. También confirman que hacen falta más recursos humanos y materiales para asegurar que la normativa existente se cumpla en la práctica.

Las salvaguardas anticorrupción buscan prevenir y dificultar la corrupción y son particularmente importantes en Guatemala, en donde son conocidas la impunidad y la infiltración del crimen organizado y la intromisión política en la toma de decisiones judiciales.

El hecho de que estas instituciones reprobaran en transparencia no sorprende a muchos guatemaltecos, considerando que el frágil sistema judicial apenas logra resolver menos de 10% de los casos abiertos cada año.

Ciertamente esta no es la primera vez que se llama la atención sobre la falta de transparencia en el sistema judicial guatemalteco, pero a menudo los estudios se limitan a describir el reto de la corrupción como un fenómeno “sistémico” sin hacer un desglose del problema que permita identificar unidades de acción específica. Eso es lo que intentan hacer estos 600 indicadores, los cuales analizan en minucioso detalle áreas como las normas existentes, el grado de cumplimiento, acceso a información pública, rendición de cuentas, administración y proceso presupuestario.

Los vacíos identificados en cada una de estas áreas –para cada una de las instituciones mencionadas de forma individual- son un buen punto de partida a la hora de decidir qué aspectos resultan más estratégicos para empezar a hacer reformas legales o modificaciones a los procedimientos. En ese sentido, la información contenida en este estudio está orientada a señalar áreas concretas que pueden mejorarse en el corto y mediano plazo.

Por ejemplo, los indicadores encontraron vacíos legales que impiden el acceso del público a las declaraciones de bienes de altos funcionarios. Una reforma en esa área concreta podría hacer mucho bien en favor de la transparencia.

Fernando Carrera, director de la Fundación Soros Guatemala, organización que financió el estudio, cerró el evento de presentación de resultados subrayando la importancia de implementar políticas de largo plazo que ataquen las debilidades identificadas mediante los indicadores. Sugirió utilizar las recomendaciones del estudio para priorizar la promoción de reformas y también como herramienta de evaluación para determinar el grado de avance que se alcance en este campo en los próximos años.

Guatemala también fue incluida en el más reciente informe anual de Global Integrity, el cual analiza el grado de transparencia de todos los sectores gubernamentales y en el cual Guatemala obtuvo una nota “débil” (65 de 100).